Causa No 13337-2018-00657 que sigue Clodovico Cevallos Cedeño y Johana Katherine Arbito Boccanedes en contra de Constructora e Inmobiliaria ESCOA Cía. Ltda. Representada legalmente por el Arq. Gonzalo Oswaldo Escobar Toala: “El debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva en el juicio por daños y perjuicios”.

Abstract

La presente investigación se basa en el análisis de un proceso civil en el cual están inmersos ciudadanos quienes suscriben un contrato para la construcción de su vivienda con una empresa constructora, instrumento mercantil del cual no derivó problema alguno cumpliéndose con la entrega de la obra en los tiempos determinados.

Los demandantes procedieron a habitar la vivienda presentando de manera progresiva deterioro de manera inexplicable, ya que su construcción por el costo contratado debió de tener no solo una buena cimentación sino también acabados de primera, la constructora basó su explicación alegando que el terreno donde se construyó era de tierra inestable unido a ello que los demandantes habían realizado adecuaciones en el área del patio acondicionando jardineras sin las debidas precauciones de impermeabilización y que además existía infiltración de agua externa en el sector.

Los perjudicados interpusieron demanda en contra de la empresa constructora considerándolos como los responsables por una mala cimentación que provocó que la vivienda se deteriora a tal punto que no se pudo habitar porque corría el riesgo de colapsar, según estudios particulares que se fueron realizados.

En materia de procesos civiles nuestra normativa legal es muy objetiva señalando la procedencia o improcedencia de pretensiones, las mismas que deben de contar con parámetros sujetos a la ley.

Las partes litigantes en todo proceso deben de contar con la posibilidad de poder replicar las demandas interpuestas, otorgándosele a las partes procesales en los momentos oportunos la presentación de pruebas de cargo y de descargo que sean necesarias según lo determina la ley, con lo que se podrá permitir que las partes litigantes gocen de sus plenos derechos procesales, así como también se garantizará que no se vulneren las garantías básicas a un debido proceso.

En esta investigación se analizaron en todo su contexto las instancias judiciales y las decisiones que fueron tomadas, para poder llegar de esta manera a determinar el error incurrido y las consecuencias derivadas por ello.

La presente investigación se basa en el análisis de un proceso civil en el cual están inmersos ciudadanos quienes suscriben un contrato para la construcción de su vivienda con una empresa constructora, instrumento mercantil del cual no derivó problema alguno cumpliéndose con la entrega de la obra en los tiempos determinados.

Los demandantes procedieron a habitar la vivienda presentando de manera progresiva deterioro de manera inexplicable, ya que su construcción por el costo contratado debió de tener no solo una buena cimentación sino también acabados de primera, la constructora basó su explicación alegando que el terreno donde se construyó era de tierra inestable unido a ello que los demandantes habían realizado adecuaciones en el área del patio acondicionando jardineras sin las debidas precauciones de impermeabilización y que además existía infiltración de agua externa en el sector.

Los perjudicados interpusieron demanda en contra de la empresa constructora considerándolos como los responsables por una mala cimentación que provocó que la vivienda se deteriora a tal punto que no se pudo habitar porque corría el riesgo de colapsar, según estudios particulares que se fueron realizados.

En materia de procesos civiles nuestra normativa legal es muy objetiva señalando la procedencia o improcedencia de pretensiones, las mismas que deben de contar con parámetros sujetos a la ley.

Las partes litigantes en todo proceso deben de contar con la posibilidad de poder replicar las demandas interpuestas, otorgándosele a las partes procesales en los momentos oportunos la presentación de pruebas de cargo y de descargo que sean necesarias según lo determina la ley, con lo que se podrá permitir que las partes litigantes gocen de sus plenos derechos procesales, así como también se garantizará que no se vulneren las garantías básicas a un debido proceso.

En esta investigación se analizaron en todo su contexto las instancias judiciales y las decisiones que fueron tomadas, para poder llegar de esta manera a determinar el error incurrido y las consecuencias derivadas por ello.