Análisis de caso titulado: caso constitucional N° 13302-2011-0590, que por recurso extraordinario de protección planteó Calderón Pazmiño Bruno Paolo en contra del jefe Provincial del Registro civil, Identificación y cedulación del Cantón Portoviejo. “Tutela Judicial Efectiva y Seguridad Jurídica dentro del marco Jurídico Constitucional”.

Abstract

El presente trabajo escogido como análisis de estudio de caso previo a la obtención del título de Educación Superior: “Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador”, tiene como objetivo determinar la problemática actual del sistema garantista del Ecuador desenmascarando las vulneraciones a los Derechos Constitucionales y Derechos Humanos por parte de las entidades públicas.

Estudio de caso exhaustivo, en donde se analizará un caso de carácter constitucional, proceso que se activa con una acción de protección que inició en el año 2011 y hasta la vigente fecha continua el problema jurídico pese al haber una sentencia de la corte constitucional el 10 de mayo del año 2017 en donde ordena un análisis integral respecto a los derechos fundamentales vulnerados que prescribe la norma suprema del ciudadano Calderón Pazmiño por parte de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación del Cantón Portoviejo, ordenando al Registro Civil que proceda con el cambio de sexo en el documento de identidad y también ordena a la Asamblea Nacional con un año de plazo contado a partir del 10 de mayo del 2017(fecha en la cual fue notificada la sentencia) para que se adopten las medidas legales correspondientes para garantizar el derecho a la dignidad humana, derechos de libertades y principio de celeridad, regulando un nuevo procedimiento sencillo para el cambio de sexo de las personas transexuales, observando todo el análisis de la corte constitucional y los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad e identidad personal. En el año 2008 el Ecuador acoge un sistema garantista en donde los principios son normas y los derechos son justiciables, mediante la creación de una nueva constitución en donde se genera un estado constitucional de derechos y justicia a partir de pactos internacionales de derechos humanos que el Estado ecuatoriano ha suscrito y ha firmado.

El articulado 424 detalla claramente cómo funciona el Estado ecuatoriano en base a su ordenamiento jurídico; la Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema que está por encima de cualquier otra normativa del orden jurídico, es decir que cualquier otra ley, norma, reglamento u ordenanza se encuentra posicionada por debajo de la Constitución de la República y de igual manera los actos y decisiones del poder público deben acatar las disposiciones del texto constitucional.

De la misma manera, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que el Estado ecuatoriano ha ratificado, serán respetados y estarán por encima de cualquier normativa o decisión del poder público, lo que quiere decir que cualquier arbitrariedad de una entidad pública que fracture Derechos y Principios Constitucionales y que genere un conflicto jurídico será resuelta por medio de la Corte Constitucional en donde los jueces y juezas Constitucionales resolverán en base a lo establecido por la norma superior, la Constitución de la República.