Caso Contencioso Administrativo No. 09802–2016–00645, que por procedimiento ordinario siguen los señores abogados Johan Gustavo Marfetan Medina y Miguel Eduardo Suarez Capelo en contra del Consejo de la Judicatura: Vulneración al principio de independencia judicial.

Abstract

La independencia judicial ha sido considerada desde hace mucho tiempo uno de los principios más importantes consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, puesto que permite a los jueces tener autonomía sobre el ejercicio de sus funciones en base a actividades imparciales y objetivas con el fin de desarrollar de manera eficaz sus competencias. Por su parte el juez requiere, para practicar sus habilidades de manera autónoma, poseer atributos de idoneidad y probidad; mismos que les permitan interpretar las normas, principios y valores constitucionales con ponderación y prudencia en sus decisiones.

El error inexcusable, por su parte, se convierte en un método que atenta al principio de independencia judicial debido a que en el caso expuesto lo inspecciona un órgano administrativo en lugar de un órgano judicial que posea las doctrinas jurídicas necesarias para hacerlo; es decir, la acción de un precepto jurídico competente para dicha función, pero sin interponerse sobre las actividades cualificadas del juez.

Entonces, el error inexcusable se considera apropiado a la situación cuando el operador jurídico en este caso los jueces, dilucidan y realizan una acción en base al apartamiento de las normativas impuestas, lo que amerita la acción de la autoridad competente.

Es decir, la estrecha relación entre independencia judicial y error inexcusable se analizan en el presente trabajo escrito, a fin de corroborar la alteración de la independencia judicial en base al procedimiento de error inexcusable, lo que trajo consigo la separación de los jueces Johan Gustavo Marfetan Medina y Miguel Eduardo Suarez Capelo de sus funciones en base al Art. 109 numeral 7 del COFJ.

Para el presente caso, por tanto, el estado ecuatoriano establece que la autonomía jurisdiccional se emplea de modo que el Consejo de la Judicatura permita en todo momento el correcto funcionamiento del Estado como un país libre, democrático y con justicia, se confía entonces que a través de sus distintos organismos e instituciones se vele por el respeto y el estricto cumplimiento de los derechos y garantías que la constitución otorga.