Caso Nº 13334-2017-00170, que por procedimiento sumario sigue el Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo en contra de herederos de Carlos Alberto Suarez Macías: “El derecho a la propiedad privada en contraste a la facultad estatal de expropiación, en referencia al justo precio”

Abstract

El derecho de dominio es, considerado por la doctrina como, el más completo de los derechos reales, pues otorga a su titular la posibilidad de uso, goce y disposición, además es un derecho que se encuentra reconocido constitucionalmente; sin embargo, la misma constitución establece una limitación a dicho derecho de propiedad, tal limitación es la expropiación; mediante esta figura el estado encuentra la forma de ejecutar su obra pública de mejor manera, es decir, privilegiando el beneficio de la comunidad sobre el de una persona o grupo de personas; así, el estado tiene la posibilidad de, previo un pago correspondiente o justo precio, desposeer a un propietario de parte o la totalidad de un bien, sin embargo, éste debe ser considerado y declarado como un bien de utilidad pública. Con el presente trabajo se pretende identificar las contradicciones que se producen en torno a la facultad estatal para expropiar frente al derecho fundamental de propiedad privada de un individuo; por lo que, se estudiará el conflicto existente entre estas dos instituciones, esto es entre la potestad estatal para expropiar y el derecho a la propiedad privada de cada persona; pues a pesar de que en la Ley se establecen los parámetros para permitir al Estado expropiar un bien determinado, estos lineamientos quedan a discreción de la autoridad que los va a llevar a cabo; es decir la Ley no establece procedimientos claros en torno a lo que se entiende por utilidad pública o interés social, ni la manera de calcular un justo precio como pago indemnizatorio. Pudiendo dichos procesos afectar uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es la propiedad privada, cuando los elementos principales de expropiación no están debidamente justificados y la declaratoria motivada.