Caso Penal No. 09272-2018-00086, que por procedimiento ordinario sigue la Fiscalía General del Estado en contra del Señor Aníbal Gabriel García Cedeño: “La Legítima Defensa y el Delito de Incumplimiento de Ordenes Legítimas de Autoridad Competente”.

Abstract

En el presente caso de estudio se plantea la legítima defensa y el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente como temática de investigación, puesto que al ser la legítima defensa una causa que excluye la antijuricidad, para ésta no debería existir infracción penal si la actuación del procesado se justifica por actuar en defensa de cualquier derecho propio o ajeno.

La doctrina establece que los bienes jurídicos son creados por la Constitución, por el Derecho Internacional y demás legislaciones; en este sentido, el derecho penal se encarga de proteger dichos bienes, prioritariamente tratándose de la vida. Para ello, el Estado es aquel ente responsable de la creación de leyes direccionadas a proteger dichos bienes aplicando coerción ante la inobservancia de tales normas.

Por tanto, esta investigación muestra un proceso penal que se sigue por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; no obstante, tras el análisis de las pruebas practicadas se declara la absolución por tratarse de una actuación atribuida con materialidad de la infracción pero sin responsabilidad penal del procesado y bajo duda razonable según los juzgadores, de ahí que se realice el presente análisis ya que el proceso realmente debió de ser valorado como una actuación en legítima defensa de un derecho ajeno y con la necesidad racional de realizarlo.

La legítima defensa se encuentra normada en el Art. 33 del COIP como una causa de exclusión de la antijuridicidad al tratarse de una conducta típica que se justifica bajo criterios de la protección de cualquier derecho propio o ajeno frente a una agresión actual e ilegítima, con la necesidad racional de ser ejecutada y siempre que exista falta de provocación por parte de quien actúa en pro del derecho a la vida.

La exclusión de un acto aparentemente punible se evidencia en situaciones en las que exista una amenaza inminente en contra de un bien jurídico tutelado por el Estado, en el caso en cuestión haciendo alusión a la vida. La acción defensiva para ser clasificada como legítima defensa debe ser en primer lugar antijurídica, a fin de eximir la responsabilidad a la persona procesada; lo que quiere decir que, el actuar debería ir en consonancia con el ordenamiento legal.

El presente estudio analiza la figura de la legítima defensa al ser un aspecto relevante en el campo jurídico actual, considerando que su aplicación genera contradicciones entre los administradores de justicia. La posibilidad de establecer la legitima defensa como una causa de exclusión de la antijuridicidad en este procedimiento penal se considera importante al fundarla como una situación jurídica aplicable en la eliminación de la responsabilidad siempre que la persona que se defiende tenga un medio racional y fundamentado para repeler la acusación.